La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló una sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenaba al Estado dominicano el pago de RD$676 millones a la empresa DC Internacional. Esta última había alegado ser propietaria de 16.9 millones de metros cuadrados dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, equivalente al 70% del área protegida.
En su fallo, la SCJ determinó que el TSA cometió errores al interpretar tanto la Constitución como la Ley de Áreas Protegidas. Según los magistrados, la inclusión de terrenos dentro de áreas protegidas no implica una pérdida coactiva del derecho de propiedad, como ocurre en los casos de expropiación. Además, subrayaron que el tribunal inferior no consideró adecuadamente la dimensión social del derecho de propiedad, reconocida por la Constitución, que permite ciertas limitaciones legítimas sin necesidad de compensación.
La anulación responde a una demanda de suspensión de ejecución interpuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, que argumentó que el fallo original ponía en riesgo la conservación de un recurso natural vital. La Sierra de Bahoruco, que comprende diversos ecosistemas, es clave para el suministro de agua en la región sur del país y forma parte de los esfuerzos nacionales por preservar la biodiversidad.
Con esta decisión, la SCJ refuerza la importancia de las áreas protegidas y la responsabilidad del Estado en su conservación, al tiempo que descarta un pago millonario que habría tenido implicaciones significativas para las finanzas públicas.
Este fallo representa un respaldo jurídico a la protección del medio ambiente y destaca la necesidad de evaluar cuidadosamente las reclamaciones de propiedad dentro de los límites de los parques nacionales.
